La medida generó debate y críticas en la provincia patagónica. En una lista de 100 beneficiados, había personas que no superan los 30 años de edad y acusados de delitos de femicidio y narc.
Después del caso de Formosa, donde prácticamente la totalidad de los presos están vacunados, en la provincia de Chubut se resolvió inmunizar contra el coronavirus a un centenar de personas alojadas en distintas cárceles y unidades penales contra el coronavirus.
En un contexto de faltante de vacunas, la controversia estalló en los últimos días en la provincia que conduce el gobernador Mariano Arcioni porque, en el listado de los internos vacunados, había detenidos que no están considerados como parte de la población con factores de riesgo.
El pedido original había sido impulsado por la Oficina de Asistencia a Personas Privadas de la Libertad, que depende del Ministerio de la Defensa Pública de Chubut. Se trata de un organismo judicial independiente, y que había realizado un relevamiento donde se comprobó que unas 60 personas privadas de la libertad en Chubut integraban el grupo de riesgo sanitario y etario.
En ese marco, las autoridades judiciales solicitaron que ese grupo con comorbilidades reciba la vacunación contra la COVID-19. Sin embargo, según reveló el diario Jornada, se detectó que durante el operativo preventivo excedió los límites del pedido oficial y se aplicó la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca a jóvenes internos y otros detenidos sin factores de riesgo. Por ejemplo, 40 de los 53 vacunados en la Alcaidía Policial de Trelew y el Instituto Penitenciario y Provincial de Trelew tienen menos de 30 años.