La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario. Rechazó el planteo de Milei por falta de sentencia definitiva y sostuvo la vigencia de la medida en esta etapa.
La decisión alcanza la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Si bien la Casa Rosada ya había acordado parte de los incrementos en un acta reciente, el fallo refuerza el marco judicial del reclamo universitario.
El expediente continúa su curso de fondo en la Justicia, mientras se mantiene la discusión por la validez del decreto que condicionó la ejecución de la ley. El caso sigue abierto en lo contencioso administrativo federal.