La Corte convocó a dos conjueces para fallar sobre la denuncia por administración fraudulenta contra Guillermo Dietrich, Horacio Rodríguez Larreta y el ex titular de AUSA, Carlos Frugoni. Los ex funcionarios fueron acusados de favorecer a la constructora IECSA, vinculada a la familia Macri, en la licitación del Paseo del Bajo.
«Este pavimento no es relato, es real. Esto que estoy tocando acá es real y va a durar muchísimos años», dijo Mauricio Macri tras acariciar el asfalto del Paseo del Bajo. El tiempo parece haberle dado la razón al ex presidente: un lustro después del último fallo, la Justicia volverá a analizar la denuncia.
Ante el desacuerdo de uno de sus miembros, la Corte decidió convocar a dos conjueces para decidir ante el recurso presentado por la Procuración de Investigaciones Administrativas que cuestionó el sobreseimiento de los funcionarios.
«Es una moneda al aire», le dijo a LPO un juez con décadas en Tribunales. «La Corte podría haber sobreseído a los funcionarios diciendo que el recurso era insustancial o inadmisible. Pero decidieron hacer lugar y puede pasar cualquier cosa», advirtió.
La construcción del Paseo del Bajo fue ejecutada por la empresa porteña AUSA con fondos nacionales y de la Ciudad. La licitación se dividió en tres sectores y sin que ninguna empresa pudiera ganar más de un sector.
Se estableció que el primer sector en adjudicarse fuera el más caro: era la forma de garantizar que si una empresa hacía las mejores ofertas para los tres sectores, el Estado se beneficiara con un mayor ahorro.
Sin embargo, a poco de la apertura de sobres, hubo una trapisonda boutique: cambiaron las reglas para adjudicar primero el tramo más barato y último el más caro.
Isolux Corsán Corvián, la empresa española que atravesaba graves problemas económicos, había realizado ofertas muy agresivas por los tres sectores. Terminó quedándose con el tramo A, el más económico. Green y CEOSA se hicieron cargo del sector B y IECSA, la empresa de la familia Macri obtuvo el tramo más caro, que equivalía a más de la mitad del presupuesto de la obra.
Cuando estalló el escándalo, desde la Ciudad admitieron extraoficialmente que habían cambiado las reglas del proceso porque era peligroso que una empresa en crisis se quedara con el sector más importante de la obra de infraestructura más importante del distrito.
En el mundo de la construcción tienen otra explicación: creen que Mauricio Macri echó mano a todas las herramientas posibles con el objeto de valorizar IECSA, la constructora familiar. A poco de asumir la presidencia, IECSA fue traspasada al primo Angelo Calcaterra y recibió millonarios contratos con la Ciudad. En 2020 fue adquirida por Marcelo Mindlin que la rebautizó SACDE.
Dos meses antes de morir, en diciembre de 2019, el juez Claudio Bonadío sobreseyó a todos los denunciados, pero la fiscal del caso, Alejandra Mángano, y el fiscal general Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, apelaron.
En mayo de 2021, la sala de la Cámara Federal porteña integrada por dos jueces trasladados por Macri, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, volvió a rechazar el pedido de los fiscales y argumentaron que no había razones para realizar nuevas medidas de prueba.
Meses más tarde, en octubre de 2022, Carlos Mahiques, otro magistrado trasladado por Macri, y Guillermo Yacobucci, fallaron en favor de los denunciados y consideraron que los fiscales no habían logrado «conmover la sólida argumentación de la Cámara». Alejandro Slokar votó en disidencia.
El Ministerio Público presentó un recurso de queja ante la Corte. Plantearon que se omitió considerar los argumentos de la fiscalía en torno a la necesidad de llevar adelante más medidas de prueba hasta agotar la investigación.
Ante la disidencia de uno de sus miembros, la Corte convocó como conjueces al juez Alberto Dalla Vía (Cámara Nacional Electoral) y al juez Luis Rabbi Baldi Cabanillas (Salta) para que intervengan.