En medio del tarifazo y el ajuste generalizado en CABA, el gobierno porteño redujo los recursos del programa que provee de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escuelas estatales y transfirió ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. El recorte se suma al fuerte ajuste en infraestructura escolar. Las afectadas son justamente dos áreas claves durante la pandemia: la entrega computadoras y el acondicionamiento de las escuelas.
En 2021, la inversión en educación toca su piso en la participación sobre el presupuesto porteño bajo la era PRO.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta le quitó 371 millones de pesos al Plan Sarmiento –destinado a proveer a los estudiantes de dispositivos tecnológicos– y transfirió ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. El recorte se da dentro de uno más generalizado en el que el Presupuesto de Educación toca su piso en la participación sobre el total de los gastos de la administración porteña en la era PRO. Además, hubo un recorte en el área de infraestructura escolar que supera el 70 por ciento. Curiosamente, acondicionar las escuelas y entregar computadoras se habían vuelto dos prioridades en pandemia. El legislador del Frente de Todos Juan Manuel Valdés consideró que «quienes reclaman la vuelta a clases son los mismos que recortan el presupuesto año a año”.
El Plan Sarmiento, creado en 2011 a la par del Conectar Igualdad a nivel nacional, es el programa de entrega de dispositivos informáticos a estudiantes que concurren a escuelas de gestión estatal o bien de gestión social. Mediante una resolución, el Ministerio de Hacienda recortó 371 millones de pesos de ese plan. Esto figura en el anexo de una resolución del Ministerio de Hacienda en la que también se acredita ese mismo dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada. Es decir, que el dinero que era para comprar computadoras para estudiantes de escuelas públicas termina en un área que, mayormente, destina su presupuesto a subsidiar las escuelas privadas. La resolución, publicada el 4 de enero, apenas menciona al recorte como «readecuaciones presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
“El Gobierno de la Ciudad vuelve a atentar contra la educación en un año donde sostener la continuidad escolar de nuestras chicas y chicos es fundamental», cuestionó el legislador Valdés. «En un año que sabemos que va a ser de pandemia, la Ciudad decidió desentenderse de la entrega de computadoras. No nos sorprendamos cuando no haya continuidad pedagógica en la Ciudad de Buenos Aires”, indicó. Y le pidió al jefe de gobierno y a la ministra Soledad Acuña que «no sigan mostrándose preocupados por la vuelta a clases, porque la educación nunca fue su prioridad. Esto va acompañado por la falta de vacantes que nunca se dignaron a resolver, mientras gastan fortuna en propaganda electoral».
El dirigente porteño también cuestionó, como habían hecho otros de sus compañeros y compañeras de bancada, el recorte sobre los fondos para infraestructura escolar: medido desde 2019, llega a ser del 78 por ciento. Concretamente, en en 2019, el presupuesto de ese área fue de 1798,1 millones de pesos; en 2020, escaló a 3068,7 millones de pesos, pero en 2021, bajó a 1140,4 millones. Por lo tanto, según calculó Valdés, la caída entre 2020 y 2021 en términos nominales es del 71,2 por ciento, pero en términos reales –considerando la inflación– en ese mismo período es del 77,7 por ciento. Y el recorte al área desde 2019 a este año es del 78,1 por ciento.
“El jefe de gobierno redireccionó partidas del presupuesto y la infraestructura escolar pasó de tres mil millones de pesos en 2020 a mil millones en 2021. Se ha reducido un tercio el presupuesto en infraestructura escolar. Yo me pregunto cuánto les preocupa a Larreta y Acuña que empiecen las clases. O es una posición de marketing para contrastar supuestamente con la decisión del gobierno nacional. No podemos tener la irresponsabilidad de sacarnos una foto y poner en riesgo a todas las comunidades educativas y por eso es difícil que vuelvan las clases presenciales en épocas de pandemia», consideró Valdés.
UN RECORTE GENERAL
Los recortes en el Plan Sarmiento y en el área de infraestructura escolar se dan en en contexto de un ajuste generalizado en la Ciudad, por el que Larreta culpa el recorte de coparticipación porteña (de fondos que, teóricamente, eran solo para la Policía de la Ciudad, pero estaría afectando todas las áreas). Un dato que se suele medir es cuánto representa del total el presupuesto educativo. El de 2021, según se cansaron de remarcar los opositores porteños, es el más bajo de la historia de CABA, y establece una marca hacia abajo en lo que han sido los gobiernos del PRO.
Como informó este diario, desde que Mauricio Macri asumió como jefe del gobierno porteño, la participación en el total del presupuesto educativo comenzó a caer. En 2010, había caído del 27 al 22 por ciento. Con la llegada de Larreta, siguió el declive desde ese 22 por ciento, con un promedio de un punto porcentual menos por año. En 2021, el presupuesto en educación representa el 17,18 por ciento del total.
Como todo el presupuesto crece año a año, en términos nominales, hay 22 mil millones de pesos más que en 2020. El aumento nominal es de un 26,9 por ciento, pero está por debajo de la inflación que contempla el presupuesto (29 por ciento). En términos reales, entonces, la educación tuvo un recorte del 7,6 por ciento. A nivel nacional, el presupuesto educativo subió un 47 por ciento.
La desinversión educativa también se ve en los magros resultados: como indicó la legisladora Cecilia Segura, «en sus primeros cuatro años de gobierno, Larreta inauguró cuatro unidades educativas públicas. Una cifra muy lejana al plan de 54 escuelas del que se jactan Larreta y la ministra Acuña».
Mientras el presupuesto educativo cae, todas las tarifas de la Ciudad crecen. La tarifa del subte había aumentado de 19 a 21 pesos en noviembre y ahora saltará a 30 pesos. En los últimos tres años, Metrovías tuvo aumentos de tarifa del 180 por ciento. Para aprobar ese aumento, primero tendrán que hacer una audiencia pública en enero.
Además, comenzó a regir un nuevo impuesto sobre las tarjetas de crédito del 1,2 por ciento, se aplicó un aumento del 55 por ciento en los peajes, del 45 por ciento en la verificación vehicular (VTV) y del 82,5 por ciento en las multas de tránsito. El impuesto inmobiliario (ABL), en tanto, subirá como en 2020: todos los meses según el índice de inflación.