Quirno apura un nombramiento masivo de embajadores libertarios y choca con Bullrich

 Pablo Quirno apura los ascensos en el Servicio Exterior de la Nación en medio de los rumores como posible reemplazo de Luis Caputo en el ministerio de Economía. Se trata de 120 pliegos que aguardan tratamiento en la Comisión de Acuerdos del Senado pero fuentes del Palacio San Martín afirman que una parte importante de los funcionarios propuestos no reuniría los requisitos establecidos para ser ascendidos.

El punto más controvertido aparece entre las promociones a embajador. Allí sobresalen los nombres de Juan Navarro, Natalia Gunski y Francisco Tropeppi, tres funcionarios cuya promoción habría avanzado sin haber sido propuestos por la Junta Calificadora, el organismo que interviene en la evaluación de las carreras diplomáticas.

Este organismo, afirma un diplomático que sigue de cerca el tema, está bajo control de Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, a quien la fuente identifica como una figura con fuerte influencia sobre la Junta Calificadora. «Parece que es el que tiene mucho poder sobre la Junta y suben todos los que él quiere», afirmó.

Los decretos que dispusieron los ascensos fueron firmados en julio de 2026, con retroactividad a enero de 2025. Ahora, la propuesta sería promoverlos a embajadores con efecto desde enero de 2026, es decir, se los estaría ascendiendo a una categoría superior antes de haber sido formalmente incorporados a la categoría de ministro y sin cumplir el período mínimo de antigüedad exigido para la promoción.

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Los tres nombres tampoco serían ajenos a las relaciones de confianza dentro de la estructura diplomática y política del Gobierno. Navarro es señalado como un hombre de extrema confianza de Quirno sin contar formalmente con una designación que se corresponda con ese lugar, Gunski mantiene una estrecha relación personal con Navarro y ambos pertenecen a la misma promoción del Servicio Exterior y Tropeppi tuvo destino en Washington y actualmente se desempeña como embajador en Nueva York.

La incorporación de estos tres nombres habría tenido otra consecuencia como es el desplazamiento de Georgina Fernández Distefano, Guillermo Nicolás y Sergio Pérez Gunella, quienes habrían quedado afuera de la nómina de ascensos. Fernández Distefano fue directora nacional de Relaciones Económicas Internacionales, Nicolás se desempeña como embajador argentino en Qatar y Pérez Gunella trabaja actualmente en el Palacio San Martín.

Otro caso que genera interrogantes es el de Carolina Gunski, hermana de Natalia, cuya promoción a ministra también fue cuestionada porque no habría ejercido previamente una jefatura de misión ni una dirección de área, condiciones que se consideran relevantes para acceder a esa categoría. 

La incorporación de estos tres nombres habría tenido otra consecuencia como es el desplazamiento de Georgina Fernández Distefano, Guillermo Nicolás y Sergio Pérez Gunella, quienes habrían quedado afuera de la nómina de ascensos a embajador. Fernández Distefano fue directora nacional de Relaciones Económicas Internacionales, Nicolás se desempeña como embajador argentino en Qatar y Pérez Gunella trabaja actualmente en el Palacio San Martín

El listado de promociones también incluye a la embajadora en Reino Unido, Mariana Plaza, que está fuertemente cuestionada por su posicionamiento respecto de la cuestión Malvinas y la adjudican la política de abandono progresivo del reclamo a cambio de una cooperación mas profunda que abrazó buena parte de la gestión libertaria. 

La discusión no se limita a los nuevos ascensos. También existe un conflicto por 16 pliegos correspondientes a los períodos 2024-2025 que continúan sin tratamiento parlamentario, entre los que figura Gabriel Herrera, Jefe de Gabinete de Quirno. 

Diplomáticos de la cancillería plantean que esos funcionarios reúnen los requisitos legales para ascender y no registran sumarios administrativos que justifiquen su exclusión. Sin embargo, al permanecer sin tratamiento en el Senado, tampoco fueron rechazados formalmente y quedaron imposibilitados de integrar las listas posteriores, correspondientes a 2026 y 2027. «Esta indefinición legislativa que termina afectando sus posibilidades de promoción», afirma un diplomáticos afectado. 

En este contexto, también se critica el papel de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, Cristina Dellepiane, a quien se le atribuye haber intervenido en la selección de esos 16 expedientes y en la conformación de las listas 26 y 27 bajo criterios personales, en lugar de respetar un procedimiento sustentado en parámetros objetivos. LPO adelantó en 2024 que Dellepiane era considerada la «monje negro» de Jorge Faurie durante la gestión de Diana Mondino. Ese rol se repite con Quirno.

Otro capitulo de los desplazados incluye la interna libertaria con Patricia Bullrich. Uno de los diplomáticos que quedó en la nebulosa afirma que «Quirno no cumplió enteramente con el pacto con los senadores del PRO, UCR y LLA. No ascendió a la mayor parte de los nombres que le alcanzó Patricia Bullrich, a un solo del PRO y casi a todos de la UCR. A partir de ahí quedamos varados»

Por otra parte, el punto de debate está en el costo salarial y presupuestario de estos 21 ascensos que una erogación fuerte de remuneraciones, representación y beneficios asociados a los cargos diplomáticos que contradice la lógica de la motosierra que busca achicar el Estado, reducir estructuras y eliminar privilegios.

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Con este cuadro, una fuente de Cancillería describió un clima de creciente enojo entre los diplomáticos que quedaron atrapados en una suerte de limbo legislativo y que ahora observan cómo se tramitan nuevas promociones mientras sus propias situaciones continúan sin resolverse. «Hay mucha bronca porque sienten que los colegas lo único que quieren es salir ellos y no les importa lo que les está pasando a estos. Están en un limbo donde no los devolvieron a Cancillería y tampoco los tratan en el Congreso», señaló. 

Hay mucha bronca porque sienten que los colegas lo único que quieren es salir ellos y no les importa lo que les está pasando a estos. Están en un limbo donde no los devolvieron a Cancillería y tampoco los tratan en el Congreso

Otro elemento fuerte es el costo salarial y presupuestario de estas decisiones en un contexto de ajuste en la Cancillería. Un diplomático de la Cancillería afirmó que «si bien el Gobierno sostiene una política de reducción del gasto, en el Palacio San Martín afirman que para calcular ese costo no alcanza con conocer la diferencia salarial entre un ministro de primera clase y un embajador».

Esta fuente dice que «hay que considerar que el régimen del Servicio Exterior de la Nación (SEN) contempla distintos suplementos, excepciones y situaciones particulares que pueden modificar el impacto presupuestario. Esa información no se publica con suficiente detalle, por lo que sería necesario solicitarla mediante un pedido de acceso a la información pública».

En ese sentido, afirma que «los ascensos en el Servicio Exterior deben realizarse anualmente y requieren, como regla general, una permanencia mínima de tres años en la categoría. Sin embargo, para el ascenso a embajador se contemplan excepciones cuando las necesidades del Servicio Exterior lo justifican. En este caso, sería relevante conocer cuántos de los ascensos propuestos por Quirno se realizan sin cumplir ese requisito y cuáles son las circunstancias excepcionales que los fundamentan». 

Los ascensos en el Servicio Exterior deben realizarse anualmente y requieren, como regla general, una permanencia mínima de tres años en la categoría. Sin embargo, para el ascenso a embajador se contemplan excepciones cuando las necesidades del Servicio Exterior lo justifican. En este caso, sería relevante conocer cuántos de los ascensos propuestos por Quirno se realizan sin cumplir ese requisito y cuáles son las circunstancias excepcionales que los fundamentan

«Otro aspecto relevante es que los funcionarios propuestos para un ascenso que no se concreta por decisión pendiente del Poder Ejecutivo, o por causas que no les son imputables, pueden percibir un suplemento equivalente al 50% de la diferencia salarial con la categoría superior. Por eso, para determinar el costo adicional de las nuevas promociones, habría que conocer cuántos funcionarios ya cobran ese suplemento, desde cuándo y por qué monto. También corresponde establecer si existen adicionales que se perciben durante la tramitación de las designaciones», remarcó.

A esto se suma la situación de los funcionarios en condiciones de jubilarse. El régimen establece límites de edad de 70 años para embajadores, 67 para ministros de primera y segunda clase y 65 para las restantes categorías. También contempla la posibilidad de intimar a jubilarse a quienes hayan reunido los aportes necesarios para acceder al haber máximo. Por otra parte, la Ley 22.731 permite convocar a funcionarios jubilados o retirados al servicio activo, con las remuneraciones previstas para su categoría.

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«Sería importante conocer cuántos funcionarios continúan en actividad estando en condiciones de jubilarse y cuántos retirados fueron convocados nuevamente, así como el costo salarial de esas situaciones. También sería necesario comparar la cantidad de ascensos a embajador impulsados actualmente con los realizados en años anteriores. Esto permitiría determinar si estamos ante el funcionamiento habitual de la carrera diplomática o frente a una aceleración extraordinaria de promociones, con su correspondiente impacto presupuestario», remarcan.

A su vez, plantean que «es cierto que si nos excluyen tenemos -en teoría- que cobrar el 50% de la diferencia entre nuestro salario como consejeros y como ministros. Con lo cual, no sacar los pliegos termina siendo más caro que sacarlos. También lo raro es que rechacen una lista firmada por el propio Presidente, lo normal es que te saquen cuando cambian de gobierno, no dentro del mismo gobierno»

Finalmente, esta fuente sostiene que «el punto no es cuestionar los ascensos de carrera, sino conocer cuánto cuestan, qué excepciones se están aplicando y cómo se justifican presupuestariamente en un contexto en el que el Gobierno sostiene que no hay recursos para otras funciones de la política exterior». «Sin esa información, no sería serio atribuir una cifra concreta al costo de las designaciones, pero tampoco puede afirmarse que no tengan impacto fiscal», concluye.

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