Una investigación en la división policial de Microtráfico de Rosario descubre un caso de corrupción que tiene bajo el reflector a jefes del área. La detección de un robo en el que participaron cuatro uniformados del área fue el detonante de una serie de eventos críticos. El más grave es el que indica, a partir de arrepentidos, que había un sistema regular para sustraer partidas de estupefacientes secuestradas las que, en manos policiales, servían para diversos fines. Desde la reventa de esa droga hasta fraguar operativos contra personas a la que se les plantaban sustancias para realizar detenciones.
La hipótesis que insinúa un caso estructural produjo en Rosario el allanamiento de la casa del jefe de la Unidad de Microtráfico, lo que solicitó el fiscal José Luis Caterina con conocimiento del fiscal regional Matías Merlo. También les secuestraron los teléfonos a seis oficiales con cargos de jefe o con mando en la unidad para realizar una extracción forense de sus contenidos. Eso tiene los nervios de punta a toda la unidad por algo no muy novedoso: la existencia de un sistema de recaudación de los efectivos de calle que va hacia arriba.
La División de Microtráfico se ocupa de los casos de comercio urbano de drogas desde 2024 cuando la Legislatura de Santa Fe desfederalizó las causas menos voluminosas en la materia y las asignó a la Justicia provincial. En los últimos dos meses la unidad de la policía de Santa Fe que se ocupa de control de venta de sustancias a menor escala ya tuvo dos fuertes crisis en la conducción. A fines de agosto el jefe y el subjefe de la delegación en Venado Tuerto, Danilo Grossi y Brian Duclo, fueron detenidos por una investigación de dos fiscales.
En Rosario, en tanto, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía, a pedido del fiscal Caterina, el pasado 27 de octubre allanó el depósito de la sección Balística de la Policía de Investigaciones (PDI), en La Paz 450 de Rosario, donde se guardan las existencias de sustancias incautadas en los allanamientos. Se inició un inventario que preliminarmente, según dijeron a LPO personas con acceso a la policía y al caso, ya revelan incongruencias entre las cantidades de droga de los secuestros reportados y las existencias halladas en el depósito.
Allanaron el área de Microtráfico de Drogas en Rosario y detuvieron a dos policías
El operativo incluyó el allanamiento a la vivienda de Víctor Bompar, jefe de Microtráfico en Rosario, que no está sujeto a ninguna causa judicial. Ese día también se les retiraron los celulares a cinco oficiales que cumplen roles de jefe. Todos están en áreas operativas, es decir, en trabajo de calle. Son el subcomisario Roberto Ferrer, el subcomisario Mauricio Baez, el subjefe Gastón Angilante, el comisario José Luis Bustamante y al comisario supervisor Víctor Plouganou.
El secuestro de los teléfonos de todos es una medida preliminar y no hay imputación contra ellos. Pero la acción la motiva la hipótesis de un sistema de ilícitos en Microtráfico que van desde la extorsión, el robo, la recaudación ilegal y la falsedad ideológica.
Los aportes en una investigación iniciada en 2025, con el caso de dos policías de Microtráfico en prisión preventiva por participar de un robo en un domicilio, hizo que la División de Microtráfico de Rosario sea ahora examinada de pies a cabeza. Lo que se cree es que existía una cadena de aprietes a personas implicadas en narcomenudeo para entregar dinero a cambio de impunidad. Pero también un mecanismo rutinario de robo de drogas del depósito policial.
Creen los investigadores a partir de las pesquisas, que esos robos tenían tres propósitos. Uno de los fines era revender la droga cuando su calidad permitía recomercializarla. En otros casos directamente plantar fraudulentamente droga, en la jerga «embagallar», a los fines de imputar a implicados. Y un tercer ilícito, una variante del último que se consideraba aceptable, era usar esos restos de droga contra personas que aparecían como responsables de violencia. Se trataba de sembrar la droga contra alguien caracterizado como delincuente en una zona para justificar su detención.
Pullaro aprueba una reforma de mano dura que tensionó con los socialistas
«Tenés un violento en un barrio, los vecinos lo señalan, pero como generar prueba es muy complicado se toma un atajo: le allanan la casa, le meten una bolsa de merca y lo sacan de circulación», contó un informante de LPO con acceso al caso. La otra variante del caso, según el testigo, es la más tradicional. «Usaban esos restos de droga para hacer un positivo y pedirte guita: dame tanto o te planto esto».
En una ciudad que tuvo altos picos de violencia hasta 2023 ligados al comercio minorista de droga, Microtráfico es por lejos una de las áreas que más detenciones produce. Según dijo en la Legislatura de Santa Fe hace tres semanas el ministro de la Corte Suprema Daniel Erbetta, esta unidad policíal produjo en Rosario desde que funciona 1200 detenidos.
La punta del caso que motivó los allanamientos actuales está en mayo del año pasado. Fue cuando un efectivo de Microtráfico de Rosario se enteró de que un hombre con antecedentes por drogas le pagaba a otra sección policial para tener cobertura. Entonces lo visitaron para pedirle que les extendiera los beneficios.
A la casa de este hombre entraron tres personas con ropas policiales, con un acta de allanamiento falsificada. Lo maniataron con precintos, lo amordazaron con cinta de embalar y se fueron de la vivienda con más de cuatro millones de pesos. La víctima no se amedrentó por su pasado penal y los denunció con lujo de detalles.
Eso permitió al fiscal Caterina determinar que los que entraron a la casa fueron Romina Galbán y Jonathan Rothar, ambos policías, los que fueron imputados el año pasado. Pero hace dos semanas se estableció que estos actuaron además con otros dos policías. Uno se llama Leandro Exequiel Blasetti, que participó del falso allanamiento, y que el que diseñó la intrusión a la casa fue José Esteban Duch, quien era jefe de Inteligencia de Microtráfico en Rosario. Estos dos quedaron presos hace dos semanas. Según lo que se expuso en la audiencia, Duch les indicó a sus subordinados que hablaría con sus jefes y que debían hacer «lo que sea necesario» para que Gonzalo C., el hombre a visitar, empezara a pagar a PDI Microtráfico.
Según fuentes del Ministerio de Seguridad señalaron este viernes a LPO, Rothar, Galbán, Duch y Blasetti están con pase a disponibilidad, además de la prisión preventiva. Señalaron también que los jefes de Microtráfico a los que se les secuestró el teléfono tienen abierto sumario administrativo pero no disponibilidad, que implica cese laboral y afectación del sueldo, ya que no se estableció que haya o no mérito en la investigación en curso.
El depósito donde se almacenan los secuestros de estupefacientes de Microtráfico está bajo inventario controlado por la Secretaría de Gestión del Ministerio Público de la Acusación
El insólito sistema de «multas» que cobraban los comisarios acusados del robo de nafta en Rosario
Uno de los jefes a los que hace dos semanas secuestraron el teléfono, Víctor Plouganou, estuvo en el polémico juicio en 2009 a Jorge Halford, un narcotraficante destacado de Rosario, que fue condenado a ocho años de prisión cuando se encontraron en su casa de la ciudad de Roldán 150 kilos de marihuana.
En el juicio Halford dijo que la droga que había en su casa era suya. Pero afirmó que para llegar a ella, es decir tener un motivo, la División Inteligencia Zona Sur de Drogas Peligrosas le plantó tres panes de marihuaha en la caja de su camioneta durante un procedimiento en un cruce de rutas. Esa unidad la dirigía Gonzalo «Chino» Paz y según las constancias leídas en juicio estaba allí Plouganou.
«Me hago cargo de lo que hice, pero a la droga de la chata me la plantaron. Si la policía de Drogas Peligrosas necesita cometer un delito para realizar un procedimiento yo no tengo la culpa», dijo Halford aquel día, antes de pronunciar una frase que en Rosario es inolvidable en ámbitos penales. «El único cartel que conocí en mi vida en las drogas es la policía. En Rosario nadie vende drogas sin permiso de la policía».
Años después la Cámara Federal de Casación Penal anuló la condena a Halford al determinar que lo habían condenado en un procedimiento ilegal. Sin embargo, en 2011, con Halford ya fallecido, la Corte Suprema validó la sentencia.