El gobierno de Tierra del Fuego denunció la presencia del petrolero británico VS Promise que fue amarrado en el Puerto de Ushuaia, intervenido por Javier Milei en enero de este año.
El gobierno provincial dijo en un comunicado que «resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego -las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes-, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial».
El texto continúa: «La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales».
«En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular», agregó.
Milei intervino el puerto de Ushuaia porque Melella se apropió de un tercio de los recursos
En esta línea, el comunicado remarca que «Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica».
«La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular», añadió.
Por último, la administración de Gustavo Melella advirtió a Javier Milei que «informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia».
También exigió «el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial».
«Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur», concluyó.
En enero, Milei intervino el puerto de Ushuaia tras detectar que la administración de Gustavo Melella se apropió del 30 por ciento de los recursos para gastos corrientes de la provincia. La intervención, definida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), será por 12 meses y al frente quedará el sindicalista Juan Avellaneda, secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, quien hizo la denuncia inicial por las irregularidades en el manejo del puerto.
El gobierno nacional justificó la medida por irregularidades financieras, desvío de fondos y problemas de infraestructura en el puerto de la capital fueguina, que en estos momentos está en plena temporada de cruceros.
Fuentes al tanto de la situación explicaron a LPO que la ANPYN había realizado varias inspecciones y había advertido a Melella que debía tomar diversas medidas, pero el gobernador hizo caso omiso.
Esto incluyó el hermético aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con una comitiva bipartidista de la Comisión de Energía. Se trata de un Boeing C-40 Clipper que, según informó el sitio Agenda Malvinas, aterrizó en la capital fueguina, proveniente de la base militar Joint Base Andrews, en Maryland, con una escala previa en la provincia de San Juan y en Buenos Aires.
Luego, en marzo, Foreign Affairs Latinoamérica publicó un revelador artículo en el que plantea que la intervención «se inscribe en una estrategia de política exterior más amplia, en la cual el ejecutivo argentino ofreció el puerto de Ushuaia como un activo estratégico dentro de una negociación orientada a facilitar la incorporación de Argentina a la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, iniciativa presentada en enero de 2026 durante el Foro Económico Mundial en Davos».
«Esta centralidad convierte a Ushuaia en un enclave estratégico en un momento de creciente competencia internacional por el control de rutas marítimas, recursos naturales y proyección hacia el continente antártico», culminó.