El fiscal federal Ramiro González dictaminó este martes a favor de desestimar por inexistencia de delito varias denuncias contra el presidente Alberto Fernández y algunos de sus funcionarios por supuesta violación a medidas para contener la pandemia de coronavirus a raíz del velatorio al fallecido Diego Maradona organizado en la Casa Rosada.
En un dictamen entregado al juzgado federal 2, la fiscalía propició desestimar cuatro denuncias que fueron unificadas en una sola investigación, según el texto al que tuvo acceso Télam.
«Luego de efectuar un análisis integral de los hechos que motivaron la presente causa, lo cierto es que surge un actuar por parte de las autoridades mediante el cual no se aprecia una finalidad de brindar un trato diferencial a la familia del difunto», argumentó el fiscal.
González sostuvo que se trató de «permitir al pueblo despedirse de una personalidad tan significativa como la fue la de Diego Armando Maradona, decisión que prima facie habría sido efectuada en vista al interés general, y por ende, no podría ser tachada de arbitraria o irrazonable. Y es que se ha hecho una excepción, por tratarse de una situación per se excepcional»
La primera denuncia fue presentada por Yamil Santoro y Antonio Fratamico y luego se acumularon por conexidad otras tres denuncias de similar contenido por supuestas infracciones a los artículos 205 y 248 del Código Penal, vinculados a medidas para contener la propagación del coronavirus.
Los denunciantes aludieron además a que «se había vulnerado el principio de igualdad ante la ley, contemplado en el art. 16 de la CN, al habérsele conferido a la familia Maradona un trato diferencial al que recibe cualquier otra familia argentina ante el fallecimiento de un ser querido».
«La judicialización de la política que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial»
La fiscalía descartó todos los delitos aludidos y pidió desestimar la denuncia y cuestionó la «judicialización de la política».
«La judicialización de la política -más en este contexto- que se propone en estos casos, excede el ámbito válido habilitado por la jurisdicción del poder judicial y rompe el límite de una zona vedada para su intervención.», analizó el fiscal.
Además de Fernández, en las denuncias se había incluído también al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.
