Gabriel Alejandro Galvano (23) y Andrés Guillermo Bracamonte (21), hijo del jefe de la barra de Rosario Central Andrés «Pillín» Bracamonte, dejaron en las últimas horas la Unidad Penal 44 de Batán, donde permanecían alojados desde el último miércoles.
Los dos jóvenes detenidos por atacar a botellazos en la cabeza al turista Matías Ezequiel Montín, en un boliche de la ciudad de Mar del Plata, recuperaron este domingo la libertad, aunque continuarán imputados por la agresión, informaron fuentes de judiciales.
El titular del Juzgado de Garantías 1 de la localidad balnearia, Daniel De Marco, dispuso que los jóvenes fueran excarcelados, tras el pedido presentado por el defensor ambos, Sergio Fernández.
Galvano y Bracamonte continúan imputados en el marco de la causa por «lesiones graves» que lleva adelante la fiscal Andrea Gómez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 4.
En la investigación también está imputado el futbolista de Arsenal de Sarandí, Matías Belloso, quien permaneció en libertad desde el inicio de la investigación.
Galvano y Bracamonte fueron liberados tras fijar domicilio en la ciudad de Rosario, donde ambos residen, y al conceder la excarcelación el magistrado tuvo en cuenta que ninguno de los dos tiene antecedentes penales.
«Se debe sumar que la magnitud de la pena en expectativa para los delitos endilgados en autos permite conceder la excarcelación», explicó De Marco.
El juez dispuso la prohibición de abandonar el país sin previa notificación al juzgado para ambos imputados, y en el caso de Galvano fijó además una fianza por 3.000.000 de pesos.
Galvano, Bracamonte y Belloso están acusados de haber agredido el último martes a Montín (20), oriundo del partido bonaerense de Moreno, en el Vip del boliche «Ananá», ubicado en el complejo La Normandina, de Playa Grande.
Según la investigación del caso, los tres acusados atacaron al joven a botellazos en la cabeza, lo que le produjo una fractura de cráneo, un hematoma cerebral, lesiones en el rostro y en la boca, por lo que debió ser internado en terapia intensiva en el Hospital Privado de Comunidad marplatense.
Tras más de 48 horas en la unidad de cuidados críticos, la víctima fue derivada el último jueves a una habitación común, debido a su evolución, y permanecía hospitalizada en observación.
Galvano y Bracamonte dejaron el hotel en el que se hospedaban y abandonaron la ciudad en un BMW blanco pocas horas después del ataque, y fueron aprehendidos en la tarde del martes, tras ser interceptados en un control policial en el partido bonaerense de Zárate.
Tras ser trasladados a los tribunales marplatenses, fueron indagados el miércoles por el fiscal Paulo Cubas, quien estuvo al frente de la causa y pidió que quedaran detenidos, mientras que Belloso se presentó ante la fiscalía de manera espontánea, y, tras su indagatoria, quedó en libertad..
Fuentes judiciales informaron a Télam que el abogado de Montín, Ignacio Trimarco, denunció a Cubas por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y pidió que se investigue el posible delito de encubrimiento.
En su presentación, Trimarco cuestionó la decisión del fiscal inicial de la causa de no secuestrar los teléfonos celulares de Galvano y Bracamonte, tras su aprehensión en un control policial horas después del ataque.
Aseguró además que el fiscal le había informado el miércoles 20 a él mismo que los dispositivos sí habían sido incautados, y en base a esa información el letrado había pedido «la apertura de los teléfonos y que se realizara una amplia y pormenorizada pericia de especialidad informática-tecnológica a fin de determinar la geolocalización de los mismos», así como las llamadas, mensajes, y contenido de redes sociales.
«Cubas me informó que los teléfonos celulares y otras pertenencias de los imputados habían sido secuestrados en el marco de la causa, encontrándose a disposición para efectuar las correspondientes pericias», señaló Trimarco.
Y agregó que días después, con la causa ya en manos de la UFI 4, supo que «Cubas había ordenado la entrega de las pertenencias secuestradas a los imputados el mismo día de su aprehensión, es decir el 19 de enero de 2021, un día antes de afirmar a esta parte que los elementos permanecían secuestrados».
A partir de esto, el abogado denunció al fiscal por «incumplimiento de deberes de funcionario público», y pidió que «se investigue asimismo la posible comisión del delito de encubrimiento».
