Adorni había declarado en el Congreso que echaron a 215 terroristas, 29.785 menos de los que anunció Milei

Manuel Adorni y Eduardo Casal desmintieron las afirmación de Javier Milei acerca de la cantidad de «terroristas» que el gobierno habría deportado en los últimos dos años, cálculo que el Presidente ubicó en el orden de las 30 mil personas durante una entrevista concedida a Luis Majul.

En la exposición de su último informe ante el Congreso, el ex jefe de Gabinete tuvo que responder a la pregunta N° 1942, acerca de cuántos terroristas fueron detectados en la Argentina, y dijo que «el Ministerio de Seguridad informa que las fuerzas policiales y de seguridad federales (PFA, PNA, GNA, PSA) llevaron a cabo investigaciones de terrorismo, habiendo tramitado 215 casos entre 2020 y 2025, siendo su estado de 31 causas en trámite y 184 cerradas».

Pero, además, cinco de aquellos 215 casos tuvieron a menores de edad como protagonistas. De hecho, el diputado Rodolfo Tailhade le preguntó a Adorni cuando asistió al Congreso por las detenciones de dos chicos de 16 años, uno en Olavarría y otro en Ensenada, uno de 14 en San Miguel y un nene de 12 años en Quilmes.

En efecto, Infobae publicó el 8 de julio de 2025 que el Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal (DUAI) procedía en esas investigaciones «a raíz de informes presentados por el Agregado Jurídico del FBI de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina». «Esos reportes, que fueron canalizados a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, revelan que cinco de los señalados por la agencia estadounidense son adolescentes», precisó el mismo portal.

Milei dijo que ahora Olivos es una base militar y que deportó 30 mil terroristas 

El modus operandi revela que el Ministerio de Seguridad respondía a las órdenes de la embajada norteamericana, a partir del rastreo de la actividad en redes sociales en Argentina.

El primero de los casos fue el de un muchacho de 16 años, en abril de 2024, en Malvinas Argentinas. Patricia Bullrich, por entonces al frente de la cartera que hoy conduce Alejandra Monteoliva, llegó a tuitearlo. «Fabricaba bombas en su casa», posteó como título, y agregó: «consumía contenido yihadista terrorista del grupo ISIS en redes y bajaba instrucciones para armar explosivos y usarlos en actos terroristas».

La actual senadora asumió en ese mensaje que «los efectivos de la PFA llegaron a él gracias a la investigación que inició la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) al recibir la alerta del FBI». «Identificaron la IP, dieron con el paradero y lo fueron a buscar a la casa, repleta de elementos para armar bombas», acotó.

Fuentes al tanto de la causa indicaron que le secuestraron 3 alicates, una pinza, un tester, un Fastix, 2 buscapolos, 2 relojes, 2 cintas aisladoras, una balanza de cocina, 6 pilas doble A, 5 metros de cable, 2 minisoldadoras. El joven está actualmente en libertad.

El FBI también alertó al Ministerio de Seguridad sobre un usuario que difundía videos de ejecuciones de ISIS y pedía instrucciones para «atacar infieles». «Resultó ser un pibe de 12 años que vivía en una zona humilde de Quilmes, que sufría de un aislamiento social severo y ni siquiera entendía la dimensión política del contenido. Está bajo tutela estatal y seguimiento psiquiátrico infantil», dijeron a LPO.

En ninguno de los cinco casos se encontraron armas ni explosivos. Tampoco un plan para llevar adelante un atentado.

El Departamento de Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal detenía a los menores a raíz de informes presentados por el Agregado Jurídico del FBI de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina.

Página 12 reveló, por otra parte, que el procurador Casal dice que hay menos de 100 causas constitutivas de terrorismo. Según la periodista Luciana Bertoia, los datos surgen de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), creada en 2018 y nutrida con información de los fiscales sobre los casos contemplados por los artículos 41 quinquies, 213 bis y 306 del Código Penal.

El primero duplica las penas para los responsables de acciones que atemoricen a la población, el segundo castiga a los que integren organizaciones que intenten imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza y el tercero persigue la condena a quienes tengan financiación del terrorismo. Sin embargo, esa legislación se aplica para los manifestantes que se oponen a las iniciativas políticas del gobierno.

Por caso, el 213 bis fue utilizado para encarcelar a los militantes que le tiraron caca en la vereda de la casa al ex diputado José Luis Espert. Asimismo, tres miembros de la Bicameral de Inteligencia aseguraron a LPO que, cuando el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, se presentó ante los legisladores, dijo que no había hipótesis de ningún tipo sobre despliegue de grupos terroristas en Argentina.