El expresidente quiere cambiar el nombre de una entidad civil macrista registrada en el 2019 para legalizar a su nueva fundación, que aún no está inscripta. La maniobra no debiera sorprender a la luz de las irregularidades que tuvieron otras fundaciones M. El riesgo de la evasión de impuestos.
El lanzamiento por parte del expresidente Mauricio Macri de una fundación que lleva su propio nombre volvió a poner en el centro de atención el vínculo opaco del PRO con las entidades civiles. Según pudo constatar este medio, la “Fundación Mauricio Macri” no fue inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) sino que busca “acoplarse” a una que registraron tres exfuncionarios cambiemitas en 2019. Es decir, aún no existe con ese nombre.
Además, la flamante página web de la fundación MM no brinda información precisa. Parece una cáscara vacía. No se conoce a ciencia cierta quiénes la integran ni los detalles de sus objetivos. El hecho no debiera sorprender la luz de las irregularidades que tuvieron otras fundaciones macristas que terminaron siendo investigadas en la Justicia.
Papeles en el viento
La Fundacion Mauricio Macri – cuyo logo parece calcado al del popular servicio de correos GMail – arrancó floja de papeles. Es que la estrategia del expresidente es estructurar su nueva “marca” en una fundación que nació hace menos de dos años, llamada «Cambiar es Posible en Latinoamérica” (Cepla), que fue registrada por el exjefe de asesores de la presidencia, José Torello; el exsecretario de la Presidencia, Fernando De Andreis; y la exsubsecretraria de Comunicación Presidencial, Fátima Micheo. “Esa es la situación legal.
Cepla es una fundación de fines del año 2019 sin la presencia y nombre de Mauricio Macri. Ahora pretenden cambiarle el nombre y agregarle el de Mauricio Macri. Pero esta modificación de los estatutos no está inscripta ni autorizada por la IGJ”, indicaron desde el organismo que comanda Ricardo Nissen. Y añadieron que hay un pedido formal, “que recién comienza”. “El cambio de nombre lo debe autorizar la IGJ”, resaltaron.
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Pero Mauricio Macri decidió este martes lanzar su fundación a pesar de que no existe como tal. Esta irregularidad había sido advertida por el diputado nacional Rodolfo Tailhade vía Twitter.
“Hoy es un día muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque presentamos la fundación que lleva mi nombre. Desde la nueva Fundación Mauricio Macri nos dedicaremos a trabajar en distintos proyectos e iniciativas, entre ellos, muy especialmente, sobre programas e incentivos para promover en el país una educación de calidad”, presentó Macri a su “nueva fundación” que nunca inscribió. De hecho, habló de “esta fundación que comienza hoy” cuando lo cierto es que la entidad civil autorizada a tener actividad se abrió en a finales de 2019.
Las fundaciones forman parte de figuras jurídicas utilizadas, en Argentina y todo el mundo, para lavar dinero, blanquear plata, evadir o eludir impuestos. Por esto, la entidad que dirige Nissen le presta especial atención a los pedidos de inscripción primero y a sus balances después.
Entre otras cosas, las fundaciones cuentan con regímenes tributarios diferenciados, en función de que se trata de entidades sin fines de lucro. Por lo tanto, no corresponde que paguen Impuesto a las Ganancias, por ejemplo, dado que no pueden cerrar el año con utilidades. Si queda un superávit debe ser reinvertido en las mismas actividades.
“Como es una figura que se utiliza para lavar plata, una herramienta que sirve para todo este tipo de especulaciones, el macrismo es especialista en usarlas. Durante mucho tiempo, las figuras principales de Cambiemos tuvieron en sus fundaciones las formas de financiarse. Financiaban la actividad política a través de fundaciones, muchas de las cuales todavía están vigentes”, esgrimió Tailhade a este medio.
“Cada uno tenía una fundación donde ponían plata y, por lo tanto, pagaban menos impuestos a nivel personal. Además, la plata en negro que conseguían de otros empresarios la canalizaban a través de allí para hacer como que desplegaban políticas en beneficio de la comunidad, cuando en realidad estaban haciendo política. Para eso usaron las fundaciones los macristas y para eso la va a usar el expresidente, sólo que aparentemente con una caja más grande que antes”, agregó el también ex inspector General de Justicia.
MALA EDUCACIÓN
Si bien como Presidente Macri recortó el 35% del presupuesto educativo, no se ruborizó al anunciar la creación de una fundación con su nombre para, entre un puñado de objetivos, “trabajar una educación que mire al futuro”.
Las tres áreas de trabajo que esta ONG adelanta por ahora se limitan al “cambio climático”, “innovación con impacto social” y “educación para el futuro”. Ningún contenido fue desarrollado sobre estos temas, sino que simplemente fueron presentados en una oración cada una.
El último de los puntos contrasta completamente con la gestión macrista. De acuerdo a un estudio en el que participó la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos, el presupuesto en Educación se redujo un 35%. Afectó mayormente a los niveles no universitarios y a las políticas socioeducativas destinadas a enfrentar la desigualdad.
ANTECEDENTES
Una causa judicial que se abrió en 2016 tras el robo de $245 mil y U$S 50 mil en efectivo a Gabriela Michetti se transformó en un caso que expuso la forma en que se utilizaron algunas fundaciones en la vida política del macrismo.
Michetti declaró que alrededor de los $200 mil que le sustrajeron de su casa el día del ballotage de 2015 eran “donaciones realizadas por distintas personas, muchas de ellas de su círculo íntimo, con el fin de colaborar con los gastos de organización de la cena anual de recaudación de fondos de la Fundación SUMA que preside, la cual se iba a llevar a cabo el 30 de noviembre de 2015”.
Según se desprende de la causa judicial, hay varios relatos que dan cuenta de que muchos aportes se hicieron entre la primera y la segunda vuelta electoral de aquel año, que se realizó el 22 de noviembre y terminó llevando a Macri y a Michetti a la Casa Rosada. Por ejemplo, uno de los testimonios precisa que “la convocatoria la realizó Gabriela en alguna de las reuniones que tuvieron con motivo de la campaña presidencial y dada su relación de amistad accedió a realizar la contribución. Dijo que aquella solicitud fue a mediados del mes de octubre de 2015 y que tanto las extracciones como la entrega del dinero a Federico Pinedo las debió haber efectuado a fines de octubre y principios de noviembre de aquel año”.
Los relatos se repiten en se sentido. Una exfuncionaria que también prestó declaración como testigo dijo “que había realizado una única contribución en favor de aquella entidad (NdelR: SUMA) por la suma de cinco mil pesos en efectivo ($5.000) y que no recordaba con exactitud la fecha en que la había efectuado, pero sabía que había sido ‘entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, entre fines de octubre y principios de noviembre de 2015’”.
La pesquisa, que estuvo en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Guillermo Marijuan, se dividió en dos partes. Una se centró en el origen del dinero que se le robó a Michetti. La otra en la “constitución, composición, funcionamiento y financiamiento de distintas fundaciones integradas por miembros del gobierno las cuales desarrollarían tareas políticas paralelas a las que formalmente despliega el partido político Propuesta Republicana (PRO), financiando así su funcionamiento”. Esta pata de la investigación se centró en cinco fundaciones vinculadas a dirigentes del macrismo:
-SUMA, que estaba presidida por Gabriela Michetti. Coincidencias educativas macristas: según su página web, SUMA “es una organización sin fines de lucro que fomenta propuestas innovadoras de educación y participación ciudadana para promover la inclusión social a través del trabajo colectivo”. Esta fundación aunque “registra como fecha de constitución el 15 de septiembre de 2009, fue recién el 02 de marzo de 2011 en que adquirió personería jurídica”.
De acuerdo a la causa, esta entidad civil se financiaba por donaciones mensuales de empresas; por donaciones de particulares que podían ser en efectivo; donaciones por proyectos; de cenas solidarias; y por débito automático mensual, metodología que se incorporó en 2016.
– FORMAR, que fue presidida por Guillermo Dietrich hasta 2017 y acusada de financiar la campaña de Macri de 2015 con casi $3 millones, algo prohibido por ley y que no se investigó en esta causa.
-FUNDAR -JUSTICIA Y SEGURIDAD, que se creó en diciembre de 2002 y estaba presidida por Eugenio Burzaco;
-CREER Y CRECER, que fue fundada y presidida por Macri y luego, desde 2010, por el actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti. Para el momento de la pesquisa, ya se había disuelto.
– PERICLES, cuyo presidente era Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el vicepresidente, Torello. Fue constituida el 13 de diciembre de 2010 y autorizada para funcionar el 12 de marzo de 2012.
Los investigadores con sede en Comodoro Py cerraron bastante rápido el caso. Consideraron que no se encontraron delitos. Aunque señalaron una serie de irregularidades.
En SUMA, por ejemplo, quedó claro que no se entregaron recibos a quienes aportaron el dinero que se le robó a Michetti. “No debe dejar de señalarse que a ninguno de los aportantes se le ha extendido recibo alguno que documente su contribución. Incluso, de las manifestaciones de los testigos, se desprende que la confianza, la relación de amistad y/o la afinidad política han sido invocadas como razones a los efectos de no solicitar los comprobantes respectivos”, indicó Lijo. Y aclaró: “Si bien resulta ser un manejo administrativo irregular, en lo que atañe a esta investigación penal en modo alguno constituye un delito”.
Por su parte, PERICLES fue la que más irregularidades arrojó:
-Hizo presentaciones fuera de término;
-Tuvo por parte de la IGJ “observaciones efectuadas a los ejercicios económicos vencidos en fechas 31 de diciembre de los años 2012, 2013, 2014 y 2015”;
-La IGJ también intimó a esta fundación el 8 noviembre de 2016 “para que de cumplimiento a la presentación de las declaraciones juradas anuales relacionadas con la información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y sobre licitud y origen de los fondos”, señaló Lijo.
-En un pasaje de la resolución se indica que en un período importante de tiempo “los únicos aportantes de la Fundación PERICLES fueron Fabián Jorge Rodríguez Simón y José Torello”, es decir, su presidente y vicepresidente, lo que resulta por lo menos llamativo.
A pesar de estas irregularidades, “se ha corroborado que las cuestiones administrativas por las que oportunamente fuera intimada por la Inspección General de Justicia han sido regularizadas, al punto tal que el propio organismo de supervisión ha informado que no tenía observaciones que formular”, concluyó el juez del caso en 2017.
En pleno macrismo, Lijo decidió no avanzar contra nadie. Por un lado, sobreseyó a Michetti; y por otro, archivó todo lo correspondiente a las fundaciones. ¿Qué significa esto último? Que si surge algún dato significativo, esta parte de la investigación podría reabrirse.
Este martes, con el lanzamiento que realizó Macri, otra fundación vinculada al PRO volvió al centro de la polémica.
