Los prácticos decidieron paralizar los puertos en repudio al decreto de Federico Sturzenegger que pretende eliminar su actividad. LPO reveló en exclusivo en abril que el Gobierno impulsa un proyecto de decreto que modifica el régimen del servicio de practicaje y pilotaje, una actividad clave para la navegación en puertos y vías fluviales.
La iniciativa busca reducir costos en el comercio exterior, aunque abre interrogantes y genera máxima preocupación en la Armada sobre su impacto en la seguridad y en el esquema laboral del sector dado que permite la libre navegación de buques de empresas extranjeras.
La medida, impulsada por Sturzennegger también generó furia en entre los empresarios del sector y establece un cambio central radica en el esquema tarifario dado que propone limitar la intervención estatal en la fijación de precios y avanzar hacia una apertura brutal que le de luz verde a los buques extranjeros prácticamente sin supervisión.
Justamente, el Gobierno apuesta a que la medida contribuya a reducir los costos logísticos, uno de los principales reclamos del sector exportador. Sin embargo, el debate de fondo que circula en los ámbitos militares es hasta qué punto la desregulación mejora la eficiencia sin comprometer el control estatal en áreas sensibles.
El perito naval Fernando Morales explicó a LPO que «lo único que desregula el decreto es la seguridad náutica. ¿De qué manera lo hace? Aumentando el largo, la eslora, de buques que pueden circular por nuestras aguas sin tomar prácticos, con el riesgo que eso significa».
Además, continúa, «desregula la obligatoriedad de que el práctico sea siempre un ciudadano argentino haciendo que capitanes extranjeros que con una declaración jurada acrediten que en los últimos tres años pasaron al menos diez veces por una determinada zona puedan prescindir de los servicios del práctico. Considerando que el práctico es un delegado de la autoridad pública, tiene funciones de funcionario público cuando está a bordo de un buque extranjero, esto implica una arbitraria de selección entre qué buques son auditados por un delegado del Estado Nacional y qué buques no».
Morales sostiene que «el motivo de todo esto es que Sturzenegger dice que los prácticos cobran millones de pesos por mes y que eso encarece a la producción argentina, lo cual es una gran mentira, ya que un productor sojero, por ejemplo, no le vende la soja a un gran acopiador, como son las grandes cerealeras, como Cargil, Bunge y otras».
«El honorario del práctico no lo paga el productor, lo paga la naviera que hace el flete. Es decir, la naviera extranjera que viene a buscar la soja es la que, entre todos los gastos, paga los peajes, el práctico, el combustible, obviamente, todos esos gastos. Sturzenegger fantasea con cifras que a veces superan los 50.000 dólares por mes. Si fueran 50.000 dólares por mes, los estaría pagando una empresa extranjera, los ingresa por transferencia, el Banco Central se da vuelta y le da pesos al práctico, que paga el 35% de ganancias porque gana mucha plata, algo que nadie niega ni discute, y vive en el país. Es decir, el práctico en el fondo es como el sojero, exporta su servicio y al país le ingresan dólares», detalló.
En este marco, el presidente de la Liga Naval, sostuvo que «Sturzenegger dice si él consigue que los capitanes extranjeros puedan entrar sin práctico, se abarata el flete pero una naviera está por venir a Buenos Aires, un viaje programado, con un capitán que conoce la zona y va a entrar sin práctico. Es muy difícil que un capital se arriesgue a eso, pero vamos a suponer que lo haga. Entonces se pacta todo obviamente con mucha anticipación. El capitán que iba a venir se enferma y cambian de capitán y el capitán que viene no conoce la zona. ¿A vos te parece que la tarifa de flete va a cambiar? No va a cambiar porque la tarifa de flete se fija por precios internacionales relacionados con la oferta de demanda de bodega y la distancia».
Fernando Morales advirtió que «hoy tenemos todo parado y lo vamos a seguir teniendo. Están parados buques que traen elementos necesarios para Vaca Muerta y los buques cerealeros. Lo único que no se para normalmente son los buques regasificadores y los petroleros, porque es un riesgo tener un buque tanque lleno de combustible parado en un puerto».
En este marco, la Prefectura Naval Argentina emitió una intimación dirigida a los prácticos para que reanuden de manera inmediata la prestación del servicio de practicaje y pilotaje, al sostener que la falta de profesionales disponibles está impidiendo la asistencia a los buques y afectando la continuidad de un servicio considerado público.
En el documento, la autoridad marítima señala que tomó conocimiento de que las empresas prestadoras del servicio se encuentran imposibilitadas de operar debido a la ausencia de prácticos disponibles. En ese contexto, recuerda que el artículo 99 de la Ley de Navegación N.º 20.094 establece que el practicaje en aguas jurisdiccionales nacionales constituye un servicio público regulado y controlado por la autoridad marítima.
La intimación sostiene que la Prefectura, en su carácter de autoridad de aplicación operativa del Decreto N.º 690/2026 y responsable del control disciplinario del servicio, promoverá de oficio las denuncias penales correspondientes e instruirá los sumarios administrativos previstos por el Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) ante cualquier incumplimiento.
Furia de los empresarios con Sturzenegger por el decreto que elimina el practicaje en los buques
Asimismo, el organismo ordena a los destinatarios poner de inmediato a disposición sus servicios profesionales «sin condicionamiento alguno», para cumplir con las funciones para las cuales fueron habilitados conforme al citado decreto. También asegura que se encuentran garantizadas las condiciones de seguridad para el traslado, embarque y desembarque de los prácticos, resguardando su integridad personal.
En el tramo final del documento, la Prefectura advierte que toda acción u omisión dolosa destinada a adherir o facilitar una medida de fuerza que interrumpa este servicio público podría encuadrarse en los delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte previstos en el Código Penal. En particular, cita el artículo 190, que establece penas de dos a ocho años de prisión para quien, a sabiendas, ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave.
